Telefónica: El Estado compra el 10%

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Por increíble que suene, así es. Tras 26 años, el Estado vuelve a intervenir en Telefónica, aunque esta vez comprando solamente un 10% de su capital. Parece que lejos van a quedar los tiempos de libre mercado para la compañía que, además, es conocido que anda un tanto «canina» de recursos financieros y ha anunciado algunos ERE para mantener así mejor su balance de cuentas. El movimiento se ha producido tras la compra por parte de Saudí Telecom en el mes de septiembre y que alertó notablemente al Gobierno de España. Ya hay quien dice que ha sido un movimiento inteligente y también detractores que aseguran que se trata del clásico intervencionismo socialista. ¡Veámoslo!

Telefónica deja de estar 100% privatizada

Literalmente, el Estado vuelve a entrar en Telefónica. El Consejo de Ministros ha acordado ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que lleve a cabo la adquisición de hasta un 10% del capital social de Telefónica, según ha informado el holding público a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

En 1997, durante el Gobierno de José María Aznar, se procedió a la liberalización de la compañía para que compitiera internacionalmente sin ningún tipo de injerencia política de ningún signo. Durante estos 26 años, Telefónica ha tenido un notable desempeño de sus actividades y podemos decir que se ha convertido en un verdadero gigante empresarial con raíces estrechas en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. Poca broma con ello.

No obstante, es bastante conocido que en los últimos años, la compañía ha estado buscando capital adicional con una cierta desesperación. Cuando en el mes pasado de septiembre Saudi Telecom anunció la intención de compra del 9,9% de las acciones saltaron las alarmas en Moncloa y, desde entonces, ya se venía rumoreando desde el Ministerio de Economía un cierto «descontento».

El ex-presidente del Gobierno, José María Aznar, en una foto de archivo

Una «nacionalización» del 10% del capital de Telefónica

Desde el Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero ha argumentado que «Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa».

También ha comentado que la compañía garantiza la conectividad y los servicios digitales a las empresas españolas y que está presente en todas las áreas tecnológicas de nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa.

«La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales», ha opinado Hacienda.

Hasta ahora, los principales accionistas de la compañía eran: Saudi Telecom con el 9,99%, BlackRock con el 4,98%, seguido de BBVA (4,84%) y CaixaBank (3,5%).

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero

Unos 2.050 millones de euros desde fondos públicos

Hay que tener en cuenta que la cotización de Telefónica cerró la jornada de este martes en 3,565 euros (-0,75%), por lo que la compra de un 10% de Telefónica a los precios de mercado actuales supone una desembolso público de unos 2.050 millones de euros. La SEPI no puede acometer con sus propios fondos la totalidad de la compra, por lo que el Estado tendrá que poner prestada esa cantidad.

El quid de la cuestión en este asunto es que la SEPI tiene limitada su capacidad de endeudamiento en 2023 a 320 millones de euros y va a necesitar una autorización expresa del Ministerio de Hacienda, la cuál, sea dicho, todos damos por hecho que tendrá.

Una vez que se complete la compra, el Gobierno tendrá manos libres para autorizar la toma del 5% adicional del capital de Telefónica por STC, que aún no ha tramitado el permiso ante el Ministerio de Defensa para alcanzar el 9,9%. La operadora, participada por el fondo soberano saudí PIF, podrá entonces pedir como mínimo un puesto en el consejo de administración.

Las acciones de Telefónica suben en la Bolsa de Nueva York

Los títulos de Telefónica que cotizan en la New York Stock Exchange (NYSE) repuntaban casi un 4% tras conocerse la decisión del Gobierno español de mandatar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para adquirir hasta un 10% de Telefónica, un anuncio realizado a cierre de mercado en España.

Es por ello que la SEPI deberá ser muy cauta en la compra de acciones para no disparar la cotización y, con ello, incrementar el coste de la operación. Para ello, la sociedad estatal, como ya ha admitido a la CNMV, prevé realizar pequeñas adquisiciones dilatadas en el tiempo de forma similar a cómo incrementó su participación del 18% al 28% en Indra.

Telefónica tras entrar el Estado: ¿Compañía competitiva o un dinosaurio público?

La entrada del Estado en Telefónica era una exigencia de Sumar, el partido de Yolanda Díaz a Nadia Calviño, la Vicepresidenta primera y Ministra de Economía.

Hay ya muchos que dicen que con este delirante afán de intervencionismo de Sumar, se ha cargado contra las empresas que destruyen empleo a la vez que reciben ayudas públicas, unos reproches casi idénticos a los que ya utilizó la titular de Trabajo para rechazar el «inaceptable» cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos y afear a Repsol su amenaza de trasladar inversiones fuera de España ante la prórroga del impuesto a especial a las energéticas.

Y es que sería un enorme error si, poco a poco, Telefónica volviera ha estar politizada hasta la médula como lo estuvo antaño y teniendo un desempeño de competitividad y una calidad del servicio muy cuestionables.

Ahora podemos decir que Pedro Sánchez se ha convertido en el «primer accionista de Telefónica».

Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

En definitiva, el tiempo dirá si el movimiento es inteligente o populista. Lo que si que es cierto es, que desde un punto de vista liberal, mal resultado puede tener uno si decide abrir una heladería en plena estepa siberiana. Esperar que el Estado va a estar ahí rescatándote cuando las decisiones empresariales han sido malas, es una irresponsabilidad. Pero claro, muchas veces, esas decisiones vienen de los políticos, por tanto: ¿Qué fue antes?, ¿el huevo o la gallina?, ¿la falta de competencia y después la intervención política o la intervención política y por tanto la incompetencia empresarial?

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